Situaciones inéditas afectan hoy a las grandes aglomeraciones urbanas como resultado de un proceso brusco y acelerado de modernización. En este marco, el planeamiento urbano debiera instalarse como instrumento de gestión de la ciudad para incorporar de manera gradual a la ciudadanía en todo su proceso de gestación, de manera de enhebrar lineamientos estructurales en un extremo y componentes de mayor representatividad en el otro. Desde esta perspectiva, podría conformarse en marco apropiado para la definición de directrices de ordenación, legitimadas socialmente, como modo de recuperar una doble dimensión: por un lado, como instrumento de políticas territoriales y, por otro, como expresión del interés público. De manera que el plan tendería a canalizar cada vez más consultas con los niveles inferiores y con los grupos de interés local, aproximándose más a un “documento de consenso” que a un instrumento consumado.
Con la mirada centrada en los procesos de transformación socioterritorial emergen, entonces, ciertas líneas orientadas a fortalecer, por un lado, determinados patrones sociales debilitados, pero que históricamente han caracterizado el crecimiento de las ciudades y, por otro, a desarrollar nuevos mecanismos que permitan aproximar el planeamiento a la población.
El célebre lema “crecer o desaparecer” ha signado el desarrollo de las grandes ciudades durante toda la última década, y ello las ha sumergido en una competencia estratégica en pos de un posicionamiento en el contexto internacional. Sin embargo, tal esfuerzo no ha sido suficientemente acompañado por un impulso similar tendiente a colocar al planeamiento urbano en una situación diferencial de competitividad frente a otros instrumentos de gestión pública al interior de la ciudad.
El tiempo se ocupó de demostrar cómo el urbanismo, por científico que se precie, resulta incapaz de conducir por sí el destino de la sociedad. De manera que, evidentemente, la ausencia de redes de contención social excede largamente las incumbencias propias del planeamiento urbano y, en ese sentido, aparece recortado su campo de acción. No obstante, sí es posible contribuir desde la disciplina a disipar tendencias de guetización tanto como de gentrificación sociales, contribuir en la generación de empleo así como promover microemprendimientos en determinados sectores de la sociedad, por citar algunos ejemplos.
El planeamiento en la agenda pública
La diversidad y simultaneidad de fenómenos subyacentes en las muchas de las grandes ciudades conduce a que, de manera inexorable, resulte imposible examinar la realidad en toda su complejidad; con lo cual las decisiones deben de tomarse sobre la base de información incompleta, debiendo responder adecuadamente a situaciones de incertidumbre, a circunstancias cambiantes. De modo tal que la incertidumbre comienza a aparecer como un dato propio del sistema e induce a incorporar un cierto grado de flexibilidad a la mirada del especialista sobre los procesos urbanos.
La celeridad de los procesos de urbanización y, simultáneamente, la ineficacia de las tradicionales herramientas de actuación tornaron más aguda a la discusión sobre los efectos producidos en las grandes ciudades. Asimismo, la complejización de la estructura de la sociedad torna dificultoso definir el interés general y, a su vez, la acción pública no suele dirigir sus beneficios hacia todos los grupos de manera equivalente.
La fragmentación de los poderes públicos, la diversidad de grupos sociales así como la gran cantidad de agentes económicos, entre otros factores, inciden gravitatoriamente sobre las condiciones bajo las cuales las políticas públicas en general y las urbanas en particular puedan ser puestas en práctica exitosamente. De manera que la participación activa de los diferentes grupos que conforman la sociedad urbana tanto como la construcción de consensos constituyen elementos básicos a incorporar en este nuevo sistema de relaciones.
Cuando una sociedad se encuentra apropiadamente consolidada y articulada, las voces que se alzan adquieren mayor capacidad para convertir en problema urbano una determinada cuestión y, a su vez, mejor comprenderá los impactos de las políticas urbanas sobre su calidad de vida y mayor será su exigencia para con el ambiente urbano. Con lo cual, el papel que deben asumir los ciudadanos organizados en los procesos urbanísticos alcanza una importancia decisiva y las acciones deben orientarse en ese sentido.
Ante este escenario, las administraciones deberían centrar sus lineamientos sobre dos ejes estructurales: la docencia urbana, por un lado, y la participación ciudadana, por otro. En relación con la primera, tender a liderar acciones que permitan promover los valores urbanos, el respeto a la ciudad y a su patrimonio edificado como producto social y cultural. La segunda, en cambio, más orientada a legitimar las distintas acciones públicas ante la comunidad a la que representa.
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