La crisis cívico-institucional argentina, acaecida a fines de 2001, indujo a un estado particular de activación de novedosos modos de expresión de la sociedad. Los sectores medios de la población, perjudicados por la confiscación de sus ahorros, protagonizó un movimiento de organizaciones y de asambleas barriales para deliberar sobre sus propias agendas de resistencia. Del mismo modo, grupos relacionados a los sectores más empobrecidas, conocidos como «piqueteros», cuya visibilidad pública alcanzaron entrada la década del ’90, consolidaron su espacio tomando diferentes posiciones contestatarias frente a la crisis en curso. Con mayor o menor nivel de dependencia hacia las bases políticas tradicionales, los grupos piqueteros protagonizaron innumerables episodios relativos al reclamo de mejores condiciones de vida, pugnando asimismo por variadas formas de subsidios provenientes de los estados provincial y nacional.
Con el tiempo ese clima de renovación de las prácticas sociales fue reabsorbido por la estructura institucional y la clase política que desató la crisis. Sin embargo, no todo volvió a su estadio anterior. Si bien se ha mantenido la dependencia clientelar de las diferentes provincias con el Poder Ejecutivo central en su régimen de co-participación de fondos estatales y cada política provincial se ha mantenido autónoma en lo relativo a política habitacional, algunos elementos de cambio abrieron un nuevo estado de situación para la vivienda colectiva de carácter social.
Uno de los ejemplos para destacar es la aprobación de la Ley 349 en la ciudad de Buenos Aires que permitió la entrega de subsidios para la construcción de vivienda social por parte del Estado a cooperativas y organizaciones intermedias, que cambiaron el eje de sus acciones para encolumnarse en proyectos de construcción superadores de la actual situación de déficit habitacional de sus integrantes.
Por este medio, grupos de diversos orígenes en el campo social, relacionados en otro tiempo a la ocupación como el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), grupos piqueteros como el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) o las mismas Madres de Plaza de Mayo, hoy en día se encuentran en actividad plena para la producción de vivienda social.
Durante la década que nos ocupa (1999-2008) el fenómeno de población de los barrios cerrados de viviendas unifamiliares alcanzó el medio millón de habitantes sólo en el área aledaña a la ciudad de Buenos Aires, una cifra holgadamente superior a la conseguida por la inversión estatal en viviendas colectivas. Las políticas estatales casi ausentes y el predominio de la concepción neoliberal fueron los más válidos argumentos para que el mercado inmobiliario tomara el control del suelo y de los hábitos suburbanos con la promesa de mayor seguridad y el de una vida serena y apacible, entre otras ventajas.
Un fenómeno de autogestión incipiente
En la actualidad, cuando dichas promesas comienzan a mostrarse equívocas y las condiciones económicas generales son más favorables para los organismos estatales, es posible permitirse avanzar hacia una construcción más democrática del hábitat, tanto en el uso del suelo como en la concepción de las operatorias mismas, contemplando nuevas alternativas que incluyan a la sociedad civil desde una ingeniería de implementación sustentable.
No han tardado en surgir diferencias entre los variados actores del campo popular en relación a la acción que el Estado ejerce sobre las instituciones beneficiarias de fondos para la construcción de viviendas, referidas a la contraprestación de orden político. En el centro de la escena aparece entonces un problema jurídico-legislativo a resolver, relativo a la definición de la operatoria más equilibrada posible de la relación entre el Estado en sus roles ejecutivos y las organizaciones sociales, manteniendo en todos los casos sus respectivas autonomías. Desde esta perspectiva, se pone en evidencia una construcción autogestiva de vivienda social que ponen en práctica acciones e instrumentos de contención e inclusión, con el propósito de mitigar los efectos de estas asimetrías.
La producción social del hábitat, como un experimento de responsabilidad colectiva, un ensayo de interés civil, que incluye en su producción a todos los actores del proceso político-constructivo y, principalmente, a los futuros habitantes, tal vez no dependa necesariamente de la creación de nuevas figuras jurídico-administrativas. Las políticas que han sido definidas desde la soledad de lo biográfico y lo individual como las dueñas de la escena pública tras la salida de las políticas estatales en la responsabilidad de hacer feliz la vida, no son otra cosa, dada la diversidad de la realidad urbana y su dificultosa persistencia en el tiempo, que una de las formas de conocimiento y diseminación del fenómeno de autogestión incipiente.
Publicaciones sobre el tema
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